Los ayuntamientos se han visto obligados en ese tiempo a ir
compensando lo que la Junta dejaba de aportar” y que ha llevado en muchos casos
al despido masivo de personal y al deterioro de la calidad de los servicios.
El secretario general del PSOE en la provincia de Ciudad
Real, José Manuel Caballero, ha anunciado que los ayuntamientos socialistas se
están planteando presentar una denuncia conjunta ante el Defensor del Pueblo
por el perjuicio grave que está causando el recorte en servicios sociales
básicos por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha a los ayuntamientos.
Exactamente un recorte del 37,9% de media de las
aportaciones económicas destinadas a los servicios sociales básicos desde que
Dolores de Cospedal asumió el Gobierno de Castilla-La Mancha en el año 2011, al
pasar de los 4,9 millones con el anterior Gobierno socialista a los 1,8
millones del presente año que es de tal gravedad para Caballero que advierte
del perjuicio que supone para todos los ayuntamientos seguir manteniendo esos
servicios sociales fundamentales en las mismas condiciones en cuanto a cantidad
y calidad.
Tanto que el dirigente socialista habla de “masacre” sobre
las condiciones que recoge la Orden publicada recientemente por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y que asesta un tijeretazo de fondos del 27%
de media a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, recorte que en el
caso de los municipios con una población inferior a esa cifra es del 7%.
“Queremos invitar a los ayuntamientos del Partido Popular a
que se sumen a esta decisión porque hay una obligación no solo moral sino
también una obligación legal de prestar servicios sociales en cada uno de los
municipios de la provincia”.
En este caso, Caballero ha aclarado que no se trata de
discriminación política, al confirmar que la reducción brutal de las
aportaciones afecta a consistorios de todo signo. Como ejemplos significativos,
y en base a un informe propio elaborado con los datos oficiales, ha citado que
el recorte de la Junta en servicios sociales en Piedrabuena es del 65%, en
Daimiel del 59%, en Tomelloso del 43%, en Valdepeñas del 49% o en Ciudad Real del 35%.
Cifras que se suman a la caída paulatina que se ha ido
produciendo año tras años desde que Cospedal asumió la gestión de la Junta de
Comunidades, de manera que los ayuntamientos se han visto obligados en ese
tiempo a ir compensando lo que la Junta dejaba de aportar y que se ha traducido
inexorablemente en despido de personal, en una pésima calidad de servicios y
también su reducción como así ha sucedido por ejemplo con la ayuda a domicilio
y, en definitiva, “un atropello y un desbaratamiento absoluto” de los servicios
sociales que eran un orgullo en Castilla-La Mancha.
A tenor de esas consecuencias, José Manuel Caballero ha
dicho que no tiene ningún inconveniente, al contrario, “queremos invitar a los
ayuntamientos del Partido Popular a que se sumen a esta decisión porque hay una
obligación no solo moral sino también una obligación legal de prestar servicios
sociales en cada uno de los municipios de la provincia de Ciudad Real”.
El secretario provincial del PSOE subraya que esta
circunstancia coincide con el informe de la OCDE
Los ayuntamientos del PSOE barajan una denuncia conjunta de
ante el Defensor del Pueblo por la gravedad de los recortes en servicios
sociales básicos
Por ello, Caballero ha reivindicado la acción protectora del
Estado y la administración regional, que en ningún momento se puede quitar de
en medio y sí, por el contrario, garantizar unos servicios esenciales. De
hecho, un estudio revela que en la provincia de Ciudad Real las prestaciones
alcanzan ya tan solo al 27% de la población cuando la media nacional está en el
30%, además de sufrir una mayor tasa de desempleo, por lo que ha finalizado
instando a que se acometa una apuesta firme en este territorio si se tiene en
cuenta esa situación más delicada para lograr un objetivo: que los ciudadanos
puedan vivir con dignidad.
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