Representaría, de llevarse a cabo, un extraordinario retroceso
normativo, social e ideológico que volvería a situar a las mujeres españolas en
la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y
libremente sobre su sexualidad y maternidad.
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| Beatriz Labián Manrique. Diputada Regional por el Psoe. |
No pretendo con mi escrito suscitar un debate sobre aborto
si o aborto no, -pues considero que en nuestra sociedad es un derecho
reconocido, que goza con una amplia aceptación en los términos que está
regulado en nuestra legislación actual-, sino más bien exponer las razones que
me llevan a mostrar mi más profundo rechazo a la reforma que pretende llevar el
Gobierno de Rajoy en materia de aborto con su anteproyecto de “Ley Orgánica
para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer
embarazada”, con el que el aborto deja de considerarse un derecho durante la
primera fase del embarazo para volver a autorizarlo solo en ciertos casos.
Lo que representaría, de llevarse a cabo, un extraordinario
retroceso normativo, social e ideológico que volvería a situar a las mujeres
españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable,
consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y afectando a su
seguridad, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes
prestaciones sanitarias.
Se trata de una ley innecesaria, retrograda, e injusta alejada de los
tiempos en que vivimos
Porque querámoslo o no, el aborto es una realidad en todas las sociedades del
mundo. La experiencia ha demostrado que el aborto no desaparece aunque se
prohíba, se sigue produciendo pero en peores condiciones.
Restringir el acceso al aborto es una manera intolerante y
discriminatoria de entender las relaciones entre las personas, la sexualidad y
la autonomía de las mujeres, que no corresponde al desarrollo de nuestra
sociedad democrática, ni al sentir mayoritario de la población.
Lo que ha impulsado al Gobierno del Partido Popular a
acometer esta reforma no responde a una demanda social ya que la ley vigente se
está aplicando sin dificultad en todas las Comunidades Autónomas incluidas
aquellas en que el PP gobierna. Esta reforma rompería el consenso alcanzado
y favorecería el resurgimiento de
enfrentamientos ya superados.
Atiende más bien a otros motivos, este Anteproyecto de Ley
impulsado de manera unilateral por el Partido Popular ha suscitado una amplia
polémica por varios motivos entre ellos:
Porque solo aprueba la interrupción voluntaria del embarazo
en caso de agresión sexual y cuando la presión de la gestación, consecuencia de dicha agresión sea
insoportable para la mujer -Quedando en el aire la pregunta: “Si un embrión es
vida, ¿por qué deja de serlo si es fruto de una violencia?”(Chiara Lall,
filosofa italiana)-.
Otro de los supuestos en los que se autorizaría la
interrupción de la gestación es la existencia de una situación de grave peligro
para la vida o la salud física y psíquica de la mujer embarazada, sin
garantizar en este punto una regla fija aplicable a todos los casos.
La mujer tendría que acreditar su situación “de conflicto”
de forma suficiente, sin que quede espacio a la duda, con un informe emitido
por dos médicos. Que confirmen que su dolencia, trastorno o imperativa
situación de riesgo tendrá una permanencia en el tiempo. Lo que supone que las
mujeres que se acojan a este supuesto, pueden quedar estigmatizadas clínicamente
con carácter más o menos permanente.
Una ley como la que ha sugerido el gobierno apenas cubriría
el 8% de los abortos que se producen, dejando fuera de la posibilidad de aborto
legal a cerca de 100.000 mujeres por año, con el riesgo que esto implica
Hacer pasar a las mujeres por estos “tramites” ante la
decisión de abortar que es la situación más dramática y difícil que puede tomar una mujer, es algo inaudito.
Pero eso no es todo, el sufrimiento de la mujer no terminara
ahí porque tendrá que superar otras tortuosas gestiones para legalizar su
decisión. Requisitos que la mujer embarazada deberá cumplir, quedando en
evidencia la capacidad de la mujer para tomar sus propias decisiones, ya que
con esta Ley no solo se no solo nos despoja de la capacidad de decidir sino que
a las mujeres se nos infantiliza y se nos trata como menores de edad física e
intelectualmente, porque con carácter preceptivo en casos de interrupción
voluntaria de embarazo y siempre dentro de los supuestos admitidos, las mujeres
deberán recibir Asesoramiento Asistencial, dirigido a resolver los conflictos
originados por el embarazo y ofrecerle diferentes alternativas a su decisión
existentes en el sistema actual; tales como la guarda administrativa,
acogimiento o adopción, así como recibir Información Clínica sobre posibles
riesgos y secuelas de la intervención para su salud y su futura maternidad. Si
aun así la mujer embarazada no se ha convencido y desea continuar adelante
tendrá que presentar toda una serie de certificados e informes que avalen su
situación.
En mi humilde opinión, esto dista mucho del concepto de
decidir libremente sobre la maternidad. Ninguna mujer desea tener un embarazo
para luego abortar. Lo que la mujer hubiera deseado es no estar embarazada y
solo aborta cuando no la queda otra salida. El perfil de las mujeres que
abortan es muy variado: de todas las escalas sociales y por muy diversos
motivos, económicos, de salud, y en la mayoría de los casos por razones más profundas
que nadie tiene derecho a cuestionar. No se puede trivializar así la decisión
de una mujer y no se debe olvidar que un aborto es una intervención médica, con
sus riesgos, que produce temor y dolor. Creer lo contrario es considerar a la
mujer como una persona inmadura incapaz
de decidir.
Se trata de una ley innecesaria, retrograda, e injusta
alejada de los tiempos en que vivimos, en la que además, en defensa de los
derechos se elimina el supuesto de malformaciones y anomalías en el feto.
Obligando a mujeres a tener a hijos con malformaciones graves para luego abandonarlas a su suerte
sin ayudas económicas en la mayoría de los casos, tal y como está la Ley de
Dependencia. En casos graves supone, largas cirugías, largos procesos
hospitalarios, secuelas de por vida para el afectado y su familia, por no
hablar de las repercusiones y consecuencias que puede tener para el núcleo
familiar a nivel económico, personal y social.
Solo en 2012 los abortos por anomalías en el feto fueron
3.428, el 3,05% del total de los registrados.
El debate del aborto puede ser amplio y cargado de
demagogia, para el que siempre se pueden encontrar argumentos a favor y en
contra, pero las cifras merecen un respeto y una amplia reflexión 1.900.000
abortos legales registrados desde 1985, de los cuales un millón de casos solo
en la última década. No podemos hablar del aborto como, algo intangible, sino
como un hecho que convive con nuestra sociedad, a los datos me remito.
Ni si quiera el Partido Popular Europeo, ha defendido el
proyecto de Rajoy, optando por no pronunciarse sobre el mismo. Rajoy solo ha
encontrado un apoyo en Europa para su reforma del Aborto, el ultraderechista Le
Pen, lo cual resulta un hecho bastante significativo.
Una ley como la que ha sugerido el gobierno apenas cubriría
el 8% de los abortos que se producen, dejando fuera de la posibilidad de aborto
legal a cerca de 100.000 mujeres por año, con el riesgo que esto implica
La legislación actual, aprobada como no podía ser de otra
manera por un gobierno socialista; me refiero a la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de
marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del
embarazo, recoge la garantía de los derechos fundamentales en el ámbito de la
salud sexual y reproductiva, regula las condiciones de la interrupción
voluntaria del embarazo y establece las correspondientes obligaciones de los
poderes públicos.
Con ella no se ha disparado el número de abortos, es más, en
2012 se produjeron un 5% menos que el año anterior. Por lo que no se hace
necesaria ninguna modificación de la legislación actual, si no es con el claro
objetivo de imponer la moral de una minoría y acabar con la libertad de las
mujeres a decidir.
En la actualidad se reconoce el derecho a la maternidad
libremente decidida lo que implica no sólo reconocer a las mujeres la capacidad
de decisión sobre su embarazo, sino también que esa decisión, consciente y
responsable, sea respetada.
Para ello, garantiza el acceso a la interrupción voluntaria
del embarazo y regula unas condiciones que la propia ley dispone que se
interpretaran en el modo más favorable para la protección y eficacia de los
derechos fundamentales de la mujer que solicita la intervención.
La Ley, que vino a sustituir a una regulación que
veinticinco años atrás había supuesto un importante avance en la protección de
las mujeres, fue elaborada, debatida y aprobada desde el consenso con la gran
mayoría de los grupos políticos con representación parlamentaria, tras el
trabajo en sede parlamentaria de una Subcomisión en la Comisión de Igualdad en
la que se contó con la participación de una treintena de expertos y
considerando las recomendaciones de expertos juristas y profesionales de la
bioética y la sanidad. Además, reforzó la seguridad jurídica en la regulación
de la interrupción voluntaria del embarazo e incorporó la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de los países
europeos, incluyendo por el momento España, reconocen el aborto por libre decisión
de las mujeres entre 8 y 24 semanas (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia,
Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Suecia, etc.) y otros lo permiten por
indicaciones tan amplias que en la práctica supone la libre decisión de las
mujeres (Inglaterra, Finlandia e Islandia).
De ahí, el revuelo y asombro generado en Europa, por la
reforma anunciada desde el Ejecutivo de Rajoy. Esta semana el Parlamento
Europeo ha debatido y mostrado su
mayoritario rechazo a un proyecto de Ley del gobierno español, debido a la alarma
que ha causado porque, de materializarse, supondría un retroceso sin
precedentes en los derechos de la mujeres en uno delos Estados miembros. Porque
el Proyecto de Ley del Aborto que Rajoy quiere imponer en España, nos haría
retroceder a posiciones preconstitucionales en esta materia, tras derogar la
vigente Ley de plazos, aprobada en el año 2010, que es similar a las que
existen en el resto de países de la Unión Europea.
Ni si quiera el Partido Popular Europeo, ha defendido el
proyecto de Rajoy, optando por no pronunciarse sobre el mismo. Rajoy solo ha
encontrado un apoyo en Europa para su reforma del Aborto, el ultraderechista Le
Pen, lo cual resulta un hecho bastante significativo.
He sido madre, hace apenas un año y es la experiencia más
maravillosa que me ha pasado en la vida. La maternidad es algo extraordinario,
el clímax en la vida de una mujer; pero que implica toda una serie de profundos
cambios y consecuencias a nivel personal, familiar y laboral que jamás
entenderá una comisión de expertos (por muy expertos que sean) compuesta por
quince hombres con un solo objetivo, derogar el derecho de la mujer a decidir
sobre su maternidad. Esto solo puede concebirse desde de la imposición, el
autoritarismo y el machismo, lo que es intolerable.
Beatriz Labián Manrique es Secretaria de Organización del
PSOE de Manzanares, Concejal del Grupo Municipal Socialista de Manzanares y
Diputada por el PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha
