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Jerónimo Romero-Nieva Lozano. |
La crisis económica en España,
que nos afecta en todos los niveles de convivencia y por lo mismo en los
pueblos no nos escapamos, se ha visto
agravada por una crisis política generada, entre otras causas, por el anquilosamiento
institucional derivado del bipartidismo. Las medidas de regeneración
democrática son una necesidad imperativa no sólo para recuperar la confianza de
los ciudadanos en sus representantes y sus instituciones sino también para
mejorar el funcionamiento de éstas.
En UPyD Manzanares entendemos que
la enorme discrecionalidad de la que gozan los alcaldes, en general, so solo en
nuestro pueblo, a la hora de tomar decisiones puede incidir directamente en la
corrupción y en la politización del sistema. Si queremos que los ayuntamientos
estén mejor gobernados, es más acuciante profesionalizar la gestión municipal
eliminando la posibilidad de que un político tome decisiones técnicas, antes
que cambiar la forma de elegirlo. ¿Qué significa esto? Que no puede ser que el
gobierno local tenga la facultad de nombrar a multitud de cargos y asesores y a
la vez poder crear sociedades, agencias y fundaciones pudiendo, de nuevo,
nombrar a más cargos y asesores. Quien sabe que su puesto de trabajo depende de
la opinión de una persona y de un plazo de tiempo limitado es más proclive a
aceptar/solicitar prebendas, aplicar tratos de favor o en definitiva, tener un
comportamiento alejado de las expectativas de los ciudadanos. Esto se agrava
si, como en nuestro caso, toda la cadena de decisión local está en manos de
personas que comparten un objetivo común: ganar las elecciones. De esta manera,
politizar el ámbito local es una puerta abierta a la corrupción.
La regeneración democrática en el
ámbito local es clave para avanzar en la lucha contra la corrupción y la mejora
de la calidad democrática en nuestro país. Por eso resulta acuciante la
búsqueda de consenso entre todos los partidos políticos. La improvisación
imperante y el interés partidista distan de ser buenas compañías en una
iniciativa tan relevante para el conjunto de los ciudadanos.
La propuesta de UPyD pasa por la
elección directa del alcalde por los ciudadanos en dos vueltas en caso de que
ninguno haya obtenido el respaldo por una mayoría absoluta de los votos en la
primera votación. En la segunda vuelta se elegiría entre los dos candidatos más
votados.
Por un lado, la elección directa
del alcalde reforzaría su legitimidad respondiendo a la voluntad mayoritaria de
los electores y obligaría a que los pactos y acuerdos entre partidos para
lograr su elección fueran explícitos y transparentes.
Por otro lado, la elección a
doble vuelta implica que si ningún candidato obtiene mayoría absoluta a la
primera, pasan a la segunda vuelta los dos candidatos más votados. En
definitiva, este sistema propiciaría una mayor transparencia de los pactos de
gobierno y fomentaría la participación e implicación de los vecinos en los
asuntos públicos. Asimismo, se utilizaría un sistema de asignación de
concejales debe garantizar un adecuado balance entre gobernabilidad y fomento de
la pluralidad.
Para UPyD, habría que aprovechar
la ocasión para reformar la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen
Local (LBRL) y la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General (LOREG) y
así poner en marcha, entre otras cosas:
• Listas
electorales desbloqueadas con voto preferencial, de modo que el votante pueda
alterar en su papeleta el orden de los candidatos pro-puestos por los partidos
políticos o las agrupaciones electorales;
• Limitar
el mandato de los alcaldes a dos legislaturas;
• Modificar
el régimen de incompatibilidades para que los alcaldes no puedan ser al mismo
tiempo diputado nacional ni autonómico;
• Redistribuir
las competencias municipales entre el alcalde y el Pleno de la Corporación, de
modo que la función ejecutiva corresponda al alcalde y las funciones
normativas, presupuestarias y de control, al Pleno muni-cipal;
• Reducir
el margen de discrecionalidad en las funciones del alcalde por ejemplo en
cuestiones de nombramientos;
• Suprimir
la moción de censura y la cuestión de confianza, carentes de sentido en un
sistema de elección directa del alcalde. Quedaría prevista la remoción del
alcalde por causas graves previamente tasadas, apreciables por el Pleno de la
Corporación con una mayoría cualificada.
Jerónimo Romero-Nieva Lozano
UPyD Manzanares