sábado, 1 de febrero de 2014
Miguel Ramírez, publica un atículo en el Blog de la Escuela de Ciudadanos bajo el título "Derechos fundamentales de los trabajadores. La derecha versus Estado de derecho"
Diversas sentencias
judiciales recientes están echando atrás decisiones políticas del Gobierno
Rajoy presentadas como reformas necesarias Instituciones como el Consejo de
Estado, el Tribunal Supremo y organismos europeos han manifestado la
preocupación por la deriva autoritaria del Gobierno.
Por Miguel Ramírez
Muñoz (*)
En las últimas fechas se suceden sentencias judiciales que
paralizan, frenan o impugnan importantes decisiones políticas tomadas por
gobiernos del Partido Popular, unas medidas que han sido el eje troncal sobre
el que viran el grueso de las “reformas” económicas y políticas impuestas por
el PP y sus dirigentes más destacados, como María Dolores de Cospedal, Ignacio
González en Madrid (por la paralización de la privatización de la sanidad
madrileña) o Alberto Fabra en Valencia (por la anulación del ERE de Canal 9).
Una breve enumeración de las principales sentencias en la
región de Castilla La Mancha (CLM) nos ayudaría a situar el problema: rechazo
al ERE de GEACAM (la empresa pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha);
rechazo al cierre de Puntos de Atención Continuada de Centros de Salud en zonas
rurales, y el más reciente sobre la anulación de las ordenes que propiciaron el
despido de casi 500 trabajadores de diversos servicios de la Junta de CLM.
Dejaremos otras más locales o puntuales, como el Centro de
la Mujer de Ciudad Real o la anulación del despido por motivos políticos en el
Ayuntamiento de Daimiel.
Desmantelar el Estado
de derecho
Somos muchos, no sólo IU, los que venimos avisando de que al
amparo del discurso de la falsa austeridad y de las reformas “necesarias”, en
realidad estamos asistiendo a un proceso acelerado y continuado de
desmantelamiento del Estado social, democrático y de derecho, promulgado y
consagrado en la Constitución Española y en el derecho europeo e internacional
suscrito por el Estado español.
Recordar que desde el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo
e instituciones europeas, se han manifestado la preocupación por ésta deriva
autoritaria: inconstitucionalidad de aspectos de la reforma laboral, Decreto de
Tasas judiciales de Gallardón, copago sanitario, conflicto con la reforma
local, la LOMCE, o los toques de atención europeos sobre la reforma del Código
Penal y del aborto.
¿Cómo es posible que un partido político y sus gobiernos,
acumule en tan poco tiempo, tal cúmulo de sentencias condenatorias y casi todas
por vulneración de Leyes Fundamentales?
Mayoría no es un
cheque en blanco
Lógicamente la única explicación de sentido común que
podemos encontrar es que el PP se cree que puede entrar como elefante en
cacharrería a desmontar el andamiaje constitucional y legal, simplemente porque
cuente con una mayoría absoluta, que en ningún caso es un cheque en blanco.
Los medios y voceros afines al PP dicen que la Justicia no
puede interferir en las decisiones políticas tomadas por los Gobiernos,
justificando ésa voladura de la división de poderes que debería haber en un
Estado democrático que se precie de serlo.
Con ésa lógica, el PP debería respetar el derecho a decidir
de Cataluña y los movimientos similares en el País Vasco, ya que vienen de
acuerdos políticos de Gobierno. O, por ejemplo, retirar su recurso contra la
Ley andaluza de la vivienda, ya que no vulnera ningún principio constitucional,
sino que simplemente “no se ajusta a los compromisos contraídos por el Gobierno
de España, para el rescate financiero acordado con la troika en junio de
2.012”.
No vulnerar la
Constitución
Porque el límite de la acción legislativa está en las
costuras de los derechos fundamentales y constitucionales. Ningún Gobierno, por
mucha mayoría que tenga, puede legislar o actuar en contra de leyes de rango
superior, ni vulnerar los derechos y principios fundamentales recogidos en la
Constitución.
La última sentencia conocida que anula 500 despidos de la
Junta de CLM, lo hace porque se han vulnerado derechos fundamentales contra la
libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, reprochando la
actitud despótica y chulesca del Gobierno de Cospedal, que antes de sentarse a
negociar con los sindicatos el posible ajuste laboral, ya había publicado la
lista de despedidos.
En un estado normal de las cosas, el siguiente paso tras
esta sentencia sería la inhabilitación de por vida de los responsables que
ampararon y propiciaron ésta vulneración de derechos constitucionales. No solo
los peones y mandos intermedios, sino los máximos responsables políticos de
ésta decisión: el Gobierno de CLM y su presidenta.
El PP se ha convertido en algo más que un mal Gobierno,
ahora mismo es un peligro para mantener la cohesión social, política y
democrática de España.
Miguel Ramírez Muñoz es Coordinador Provincial de IU Ciudad
Real
Suscribirse a:
Entradas (Atom)