Ante la polémica creada con la valoración del empadronamiento en las Bases del último Plan de Empleo de la Diputación provincial desde Izquierda Unida rechazamos cualquier intento de manipulación o de desinformación en un problema de necesidad como es el acceso al empleo.

Consideramos que el PP ha creado una falsa polémica con la que intenta aparentar que ahora se preocupa por los parados, y con la que intenta tapar el evidente fracaso en su gestión política de empleo y personal.

Nota de Prensa: En Izquierda Unida pensamos que este Plan de Empleo debe de ir dirigido a las personas paradas de Manzanares, pero dentro de la legalidad, lo cual se conseguiría si fueran las Oficinas de Empleo las que emitiesen o enviasen los listados de parados de la localidad.

Tras diversas sentencias se ha impuesto la interpretación legal de que es ilegal exigir o valorar el empadronamiento en cualquier convocatoria pública, por ser contrario a los derechos constitucionales de igualdad, art 14, o de libre elección de la residencia, art. 15 de la Constitución Española. Esas sentencias obligan a las distintas Administraciones públicas o localidades a adaptar sus convocatorias a esta interpretación legal, de hecho el Secretario del Ayuntamiento de Manzanares a la hora de emitir el preceptivo informe jurídico sobre las Bases de la convocatoria así lo ha establecido.  En base a esto hay que intentar cumplir dos objetivos, que el Plan de Empleo se dirija en exclusiva a los parados de Manzanares, y que se cumpla la ley, pues el no cumplimiento de la ley puede poner en riesgo la realización del Plan de Empleo.

Consideramos que el PP ha creado una falsa polémica con la que intenta aparentar que ahora se preocupa por los parados, y con la que intenta tapar el evidente fracaso en su gestión política de empleo y personal.  El preceptivo informe del Secretario es tan demoledor, incluye diversas Sentencias y Jurisprudencia, que no permite objeción alguna, salvo plantear otras bases ajustadas a la Ley. Desde IU creemos que al ser un Plan de la Diputación Provincial, y del que todos los pueblos de la provincia se benefician en función del número de parados, lo más justo sería actuar como con los antiguos Planes concertados con el INEM, es decir, pedir al SEPECAM una relación de parados del municipio de las categorías laborales que se demanden, y luego hacer un informe de los Servicios Sociales para evaluar necesidades y que se beneficien quienes verdaderamente más lo necesiten y cumplan con su trabajo. De esta forma conseguiríamos cumplir la legalidad y que el Plan se destine a los vecinos parados de Manzanares.

Las distintas Administraciones van adaptando sus convocatorias a esta interpretación legal, y en el caso de los Planes de Empleo de la Diputación ocurre lo mismo, cada vez son más los pueblos en los que ni se requiere ni se puntúa el empadronamiento. Los que aún no se han adaptado se exponen a una denuncia y la paralización del Plan de Empleo, lo cual perjudicaría a los parados. Tenemos conocimiento de que se han recurrido las bases de algunas localidades en la que aún no se habían adaptado a la interpretación legal o constitucional, como por ejemplo en Malagón, en este caso ya con sentencia firme. 

Lo más lógico es que hubieran sido las propias Administraciones las impulsoras de estos Planes de Empleo, fijándose unos criterios comunes para evitar polémicas con las que hacer electoralismo utilizando el grave problema del desempleo, por lo que nos volvemos a referir a los antiguos Planes Concertados con el INEM de los años 90.

Con lo anteriormente expuesto resulta evidente que en este caso el PP ha pretendido crear una polémica para intentar hacer electoralismo con el drama del desempleo, pero ellos mismos han generado su contradicción, al decir que sí se puntúa el empadronamiento para los planes de la Diputación pero no para las propias Bolsas de Empleo municipales, pues la ley no distingue entre estos dos tipos de convocatorias, al ser convocatorias públicas deben de regirse por los mismos principios constitucionales.

Es indudable que tomar una decisión a pesar de la existencia de un informe del Secretario de manifiesta ilegalidad podría ser considerado como prevaricación. Desde IU no entendemos este cambio de criterio, y menos este empecinamiento del PP en rozar el incumplimiento de la Ley, como si no tuviera ya suficientes Sentencias y multas por ello. La única explicación para este giro de 180 grados se encuentra en la cercanía de las elecciones municipales. Todo esto pone de manifiesto, una vez más, la nefasta gestión en política de empleo y personal del actual Equipo de Gobierno que pretende culminar con unas Bases que vulneran la Ley.

Asamblea Local de Izquierda Unida de Manzanares.