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| Francisco Agarrabeitia Ramírez. |
El rechazo a los Presupuestos de
Castilla-La Mancha ha generado bastante preocupación entre quienes pueden
terminar perjudicados por una prórroga de los presupuestos del año anterior. La
aritmética parlamentaria de nuestra región obliga a un acuerdo entre dos
partidos, de la misma forma que hace dos años fue necesario el acuerdo entre
PSOE y Podemos para sacar adelante la investidura y evitar así un gobierno del
PP que hubiera continuado destruyendo los servicios públicos.
A principios de cada año las Administraciones
Públicas elaboran sus Presupuestos, un plan que incluye el conjunto de los
gastos e ingresos previstos para ese año, que se materializa en un conjunto de
documentos en los que se recogen las estimaciones de gastos y de ingresos que
esa administración tiene previsto realizar durante ese año. Por lo tanto
representa un instrumento básico de planificación financiera a corto y medio
plazo, es el marco jurídico y financiero de las administraciones públicas al
que éstas deben ajustar su actividad.
Para este año 2017, y debido al
retraso de los Presupuestos Generales del Estado, todas las administraciones
han ido aprobando sus presupuestos ya bien entrado el año, y la administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no podría ser una excepción. A
finales de enero el gobierno regional y Podemos llegaron a un acuerdo para
aprobar los presupuestos del 2017, ese acuerdo contemplaba, fue la condición
que impuso Podemos, un Plan de Garantías Ciudadanas de 119 millones de euros,
así como una serie de medidas que servirían para mejorar las condiciones del
personal empleado público como es la recuperación del 1,5% de la tasa Cospedal
(en compensación a la reducción del 3% impuesta por Cospedal en el año 2012),
otras medidas estaban encaminadas a mejorar la calidad de los servicios
públicos regionales, como un aumento del personal, muy mermado tras la
legislatura de Cospedal, a través de una importante oferta pública de empleo a
convocar una vez entrado el 2018, reducción de ratios de alumnos por aula en
educación, que tras la legislatura de Cospedal son muy elevados, el plan de
infraestructuras para acabar con las aulas prefabricadas de algunos colegios e
institutos, un incremento de la partida para los usuarios de la ayuda a
domicilio, la apertura del Centro de Atención a Personas Gravemente afectadas
de Talavera de la Reina, los proyectos de hospitales de Puertollano y Albacete,
aumento de ayudas para la incorporación de jóvenes a la agricultura, varios
proyectos de regadío, así como algunas medidas más que todas juntas marcaban un
cambio de tendencia y mejora de los servicios públicos, muy castigados desde el
año 2011.
La sorprendente decisión del
pasado viernes 7 de abril de los diputados de Podemos de votar en contra de los
Presupuestos de Castilla-La Mancha puede provocar negativas consecuencias para
las condiciones del personal y de la calidad de los servicios público al no
poder materializarse las medidas incluidas en el borrador final de la ley de
presupuestos. Este ha sido una cambio cuanto menos sorprendente, en dos meses
han pasado de hacer una declaración a favor de los presupuestos, sobre todo por
su plan de garantías ciudadanas, a criticarlos ferozmente, sin que en estos dos
meses haya habido ninguna comunicación, ni nota de prensa ni comunicado en las
redes sociales de Podemos, en las que anunciase ni explicase ese cambio tan
radical, y con tan importantes consecuencias. Seguramente, si en algún momento
hubieran advertido ese cambio de postura, se habría abierto una negociación para
intentar llegar a un acuerdo similar al de enero, aunque tal vez la intención
de Podemos era sencillamente dar la sorpresa sin margen de marchas atrás o de
maniobra.
Cuando se aprueba o rechaza un
presupuesto hay que ser consciente que esa decisión puede tener consecuencias
muy importantes para las personas afectadas, en este caso la ciudadanía de
Castilla-La Mancha, por lo que una decisión de ese tipo no se puede tomar en
clave de política interna, en clave de interés interno para no perder apoyos internos
de cara a una elección interna.
Fdo: Francisco Agarrabeitia
Ramírez.
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