Los populares se marcharon cuando Alfonso López-Villalta fue expulsado tras interrumpir por tercera vez al alcalde
Todos los acuerdos del pleno ordinario de septiembre celebrado este lunes en el Ayuntamiento de Manzanares, relacionados en su mayoría con la actualización del precio del agua según el IPC, se aprobaron por unanimidad. Sin embargo, la sesión adquirió un tono áspero con las interrupciones realizadas desde la bancada del Grupo Popular que acabaron con la expulsión de Alfonso López-Villalta y el abandono del salón de plenos del resto de ediles del PP. Según el alcalde, Julián Nieva, esta pretensión fue muy evidente durante la sesión.
Apenas habían transcurrido quince minutos del pleno cuando la portavoz socialista, Laura Carrillo, ya tenía que detenerse por las primeras interrupciones. Poco después, cuando Julián Nieva estaba en el uso de la palabra y, a pesar de la unanimidad en los asuntos, era interrumpido por la portavoz del Grupo Popular, Rebeca Sánchez-Maroto. El alcalde ya auguraba en ese momento cuál podría ser la pretensión del grupo mayoritario de la oposición. “Hoy ustedes, estaba en el manual, vienen a liarla”, les dijo.
Y solo cinco minutos después, nuevas interrupciones ante las que Nieva apelaba al correcto comportamiento y recordaba que, en aplicación del Reglamento Orgánico Municipal, tres advertencias conllevarían la expulsión del pleno. “No me va a estar Vd. interrumpiendo toda la sesión y no se lo voy a avisar más veces”, insistió el primer edil a la portavoz del PP.
Una hora más tarde, cuando se trataba una interpelación del PP en relación con la sentencia absolutoria del exalcalde, Antonio López de la Manzanara, y del exconcejal de Medio Ambiente, Manuel Martín-Gaitero, de un presunto delito ecológico, Julián Nieva fue interrumpido de nuevo y llegó la segunda advertencia del alcalde, cada vez más convencido de cuál era el propósito de los populares: “Creo que puede estar en el ánimo no terminar la sesión”.
Las interrupciones no cesaron y llegaron las terceras advertencias, que acarreaban expulsión, primero para el edil del PP Alfonso López-Villalta y, a continuación, para la portavoz de este grupo, Rebeca Sánchez-Maroto, que anunció que su grupo se marchaba de la sesión. En ese momento, Nieva recordaba que “fue la Fiscalía, y nadie más”, quien acusó de presunto delito ecológico por dejación de funciones al anterior alcalde y al entonces concejal de Medio Ambiente. Sánchez-Maroto abandonó el pleno diciendo que no se puede confundir un escrito del Fiscal con una sentencia que es absolutoria.
Julián Nieva, que tirando de hemeroteca recordó que antes y después del juicio siempre deseó que su predecesor y Martín-Gaitero fueran absueltos, lamentó “lo que cada vez era más evidente” y el comportamiento de los ediles del PP, cuya pretensión, según el alcalde, era abandonar el salón de plenos para que esa fuera la noticia. Dijo que, en aplicación del reglamento, no se pueden permitir estos comportamientos.
Orden del día
Al margen de estos asuntos, en la sesión plenaria de septiembre, por unanimidad de todos los grupos políticos, se aprobó la modificación de tres ordenanzas relacionadas con el agua: la de las tasas por acometida a redes y por suministro de agua, alcantarillado y depuración; y la del precio público por desatasco. El contrato de concesión del servicio obliga a actualizarlas según la variación del IPC anual que, en este caso, supone una subida del 10,5%. El Grupo Popular insistió en que su voto era para “dar estricto cumplimiento” a los acuerdos firmados con la concesionaria.
Este mecanismo de corrección automática de posibles desequilibrios económicos del servicio fue, precisamente, uno de los argumentos municipales para desestimar, también por unanimidad, la reclamación que hizo la empresa concesionaria, Acciona Agua, que pedía una compensación superior a 300.000 euros alegando el aumento de costes energéticos.
Con anterioridad, y por incumplimiento de la adjudicataria, el pleno acordó resolver un Programa de Actuación Urbanizadora del año 2007 en el Área de Reparto 22, frente a la estación de ferrocarril, e incautar a la promotora la garantía presentada en su día, que asciende a 15.100 euros.
En ruegos y preguntas, además de la citada interpelación del PP, UCIN pidió que los escaños del salón de plenos sean accesibles a personas con movilidad reducida o discapacidad y que se cree una plataforma de comunicación con la ciudadanía con el fin de resolver incidencias en la vía pública o temas medioambientales. En ambos casos, el equipo de gobierno agradeció estos ruegos y se comprometió a estudiar su viabilidad.
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