El acuerdo se
trasladará a los partidos políticos y el Consejo General del Poder Judicial sin
el apoyo local del Partido Popular, miembro del consejo.
Tras conocerse la sentencia del
caso de 'la manada', se convocó con carácter urgente pleno del Consejo Local de
la Mujer, tal y como anunció el pasado viernes 27 la concejala de Políticas de
Igualdad, Beatriz Labián. Una vez celebrada la sesión, el acuerdo recoge el
rechazo de este órgano a la sentencia por mayoría, conseguido con la abstención
del grupo municipal popular.
La edil manzanareña ha destacado
que el Consejo, como órgano que lucha por la igualdad y la violencia hacia las
mujeres de Manzanares, muestra en su comunicado “repulsa, indignación y
desacuerdo con esta sentencia, que determina que la joven sufrió abuso sexual
con prevalimiento, y no violación”, delitos que se diferencian en el uso de la
violencia en el primero, y la intimidación en el segundo.
Durante el debate de la sesión se
hizo un llamamiento a la urgencia de llevar a cabo el Convenio de Estambul,
sobre todo, en lo referido a lo que se entiende como sexo no consentido. Con la
clara intención de que sentencias como estas no vuelvan a repetirse, el Consejo
incluye también en su comunicado la propuesta de cambio legislativo para aplicar
el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la reforma del Código Penal
a estos efectos, y formación en perspectiva de género para jueces y juezas. El
documento finaliza mostrando su desacuerdo “con una justicia que no protege a
las mujeres”.
Reunión consejo Local de la Mujer - Manzanares (C. Real) |
Comunicado del Consejo Local de la Mujer
“El Consejo Local de la Mujer
como órgano de participación ciudadana que lucha por la igualdad entre mujeres
y hombres, contra la violencia hacia las mujeres en nuestro municipio, queremos
mostrar nuestra total repulsa, indignación y desacuerdo con esta sentencia.
Esta sentencia determina que la joven sufrió abuso sexual con prevalimiento y
no violación, delitos que se diferencian por el uso de la violencia o la
intimidación en el último de ellos, con lo que entiende que los abusos se
produjeron sin consentimiento pero sin que concurrieran esas circunstancias.
No preguntamos: ¿cómo se puede
sufrir una violación en grupo sin que haya intimidación? ¿Cómo se puede tener
más en cuenta la actitud de la víctima, en estado de shock, que la actitud de
los agresores que la violaron repetidamente y además grabaron los hechos para
compartirlos en las redes?
Reunión consejo Local de la Mujer - Manzanares (C. Real) |
España es un país en el que se
denuncia una violación cada ocho horas, indicador de la situación de violencia
estructural que sufre la mujer y que tiene en este tipo de agresiones su
expresión más extrema, estigmatizante y violenta. La intimidación y la
violencia no se ejercen únicamente de forma expresa, sino que es más que
suficiente la posición estructural de fuerza del hombre. Con esta realidad
encima de la mesa nuestra sociedad, nuestras leyes, nuestro sistema judicial
debe progresar e ir más allá de cuestionar a las víctimas y no a los agresores,
ya que si no es así, perpetuará esta situación y se disuadirá de la denuncia a las
víctimas.
El sistema legislativo, si quiere
responder a las demandas sociales, debe considerar la violencia sexual, en
cualquiera de sus manifestaciones, como violencia de género ya que claramente
es una violencia ejercida por los hombres sobre las mujeres por el mero hecho
de serlo. Promover el cambio legislativo necesario, transponiendo el Convenio
de Estambul, aplicando el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género y
reformando del Código Penal a estos efectos, está en manos de los partidos políticos
que nos representan y a ellos hacemos este llamamiento.
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El sistema judicial muestra, con
sentencias como ésta, que no es ajeno al sistema patriarcal y que por tanto
requiere urgentemente que sus jueces y juezas se formen en perspectiva de
género. El hecho de ignorar lo que implica la discriminación de la mujer sitúa
en una posición de absoluta injusticia e indefensión a la mitad de la
población. Promover la formación de los y las miembros de la judicatura es
competencia del CGPJ, y por ello le instamos a que promueva esta formación en
el plazo más breve posible en atención a las futuras víctimas.
Y por último, consideramos que,
ante este ataque a los derechos y a la libertad de las mujeres, a nuestra
dignidad e integridad, no podemos mostrarnos sumisas ni debemos dejar de alzar
nuestra voz y presencia en las calles, en todos los espacios, en las redes
sociales, etc., para mostrar que no estamos de acuerdo con una justicia que no
protege a las mujeres.”
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