Suscríbete

martes, 21 de enero de 2014

Beatriz Labián Manrique, reflexiona sobre el anteproyecto de la Ley del Aborto.




Representaría, de llevarse a cabo, un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico que volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad.
Beatriz Labián Manrique. Diputada Regional por el Psoe.
No pretendo con mi escrito suscitar un debate sobre aborto si o aborto no, -pues considero que en nuestra sociedad es un derecho reconocido, que goza con una amplia aceptación en los términos que está regulado en nuestra legislación actual-, sino más bien exponer las razones que me llevan a mostrar mi más profundo rechazo a la reforma que pretende llevar el Gobierno de Rajoy en materia de aborto con su anteproyecto de “Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada”, con el que el aborto deja de considerarse un derecho durante la primera fase del embarazo para volver a autorizarlo solo en ciertos casos.

Lo que representaría, de llevarse a cabo, un extraordinario retroceso normativo, social e ideológico que volvería a situar a las mujeres españolas en la clandestinidad, suprimiendo su derecho a decidir responsable, consciente y libremente sobre su sexualidad y maternidad, y afectando a su seguridad, así como a la garantía en el acceso a las correspondientes prestaciones sanitarias.

Se trata de una ley innecesaria, retrograda, e injusta alejada de los tiempos en que vivimos
Porque querámoslo o no, el aborto  es una realidad en todas las sociedades del mundo. La experiencia ha demostrado que el aborto no desaparece aunque se prohíba, se sigue produciendo pero en peores condiciones.

Restringir el acceso al aborto es una manera intolerante y discriminatoria de entender las relaciones entre las personas, la sexualidad y la autonomía de las mujeres, que no corresponde al desarrollo de nuestra sociedad democrática, ni al sentir mayoritario de la población.
Lo que ha impulsado al Gobierno del Partido Popular a acometer esta reforma no responde a una demanda social ya que la ley vigente se está aplicando sin dificultad en todas las Comunidades Autónomas incluidas aquellas en que el PP gobierna. Esta reforma rompería el consenso alcanzado y  favorecería el resurgimiento de enfrentamientos ya superados.
Atiende más bien a otros motivos, este Anteproyecto de Ley impulsado de manera unilateral por el Partido Popular ha suscitado una amplia polémica por varios motivos entre ellos:
Porque solo aprueba la interrupción voluntaria del embarazo en caso de agresión sexual y cuando la presión de la gestación,  consecuencia de dicha agresión sea insoportable para la mujer -Quedando en el aire la pregunta: “Si un embrión es vida, ¿por qué deja de serlo si es fruto de una violencia?”(Chiara Lall, filosofa italiana)-.
Otro de los supuestos en los que se autorizaría la interrupción de la gestación es la existencia de una situación de grave peligro para la vida o la salud física y psíquica de la mujer embarazada, sin garantizar en este punto una regla fija aplicable a todos los casos.
La mujer tendría que acreditar su situación “de conflicto” de forma suficiente, sin que quede espacio a la duda, con un informe emitido por dos médicos. Que confirmen que su dolencia, trastorno o imperativa situación de riesgo tendrá una permanencia en el tiempo. Lo que supone que las mujeres que se acojan a este supuesto, pueden quedar estigmatizadas clínicamente con carácter más o menos permanente.
Una ley como la que ha sugerido el gobierno apenas cubriría el 8% de los abortos que se producen, dejando fuera de la posibilidad de aborto legal a cerca de 100.000 mujeres por año, con el riesgo que esto implica

Hacer pasar a las mujeres por estos “tramites” ante la decisión de abortar que es la situación más dramática y difícil  que puede tomar una mujer, es algo inaudito.
Pero eso no es todo, el sufrimiento de la mujer no terminara ahí porque tendrá que superar otras tortuosas gestiones para legalizar su decisión. Requisitos que la mujer embarazada deberá cumplir, quedando en evidencia la capacidad de la mujer para tomar sus propias decisiones, ya que con esta Ley no solo se no solo nos despoja de la capacidad de decidir sino que a las mujeres se nos infantiliza y se nos trata como menores de edad física e intelectualmente, porque con carácter preceptivo en casos de interrupción voluntaria de embarazo y siempre dentro de los supuestos admitidos, las mujeres deberán recibir Asesoramiento Asistencial, dirigido a resolver los conflictos originados por el embarazo y ofrecerle diferentes alternativas a su decisión existentes en el sistema actual; tales como la guarda administrativa, acogimiento o adopción, así como recibir Información Clínica sobre posibles riesgos y secuelas de la intervención para su salud y su futura maternidad. Si aun así la mujer embarazada no se ha convencido y desea continuar adelante tendrá que presentar toda una serie de certificados e informes que avalen su situación.
En mi humilde opinión, esto dista mucho del concepto de decidir libremente sobre la maternidad. Ninguna mujer desea tener un embarazo para luego abortar. Lo que la mujer hubiera deseado es no estar embarazada y solo aborta cuando no la queda otra salida. El perfil de las mujeres que abortan es muy variado: de todas las escalas sociales y por muy diversos motivos, económicos, de salud, y en la mayoría de los casos por razones más profundas que nadie tiene derecho a cuestionar. No se puede trivializar así la decisión de una mujer y no se debe olvidar que un aborto es una intervención médica, con sus riesgos, que produce temor y dolor. Creer lo contrario es considerar a la mujer  como una persona inmadura incapaz de decidir.

Se trata de una ley innecesaria, retrograda, e injusta alejada de los tiempos en que vivimos, en la que además, en defensa de los derechos se elimina el supuesto de malformaciones y anomalías en el feto. Obligando a mujeres a tener a hijos con malformaciones  graves para luego abandonarlas a su suerte sin ayudas económicas en la mayoría de los casos, tal y como está la Ley de Dependencia. En casos graves supone, largas cirugías, largos procesos hospitalarios, secuelas de por vida para el afectado y su familia, por no hablar de las repercusiones y consecuencias que puede tener para el núcleo familiar a nivel económico, personal y social.
Solo en 2012 los abortos por anomalías en el feto fueron 3.428, el 3,05% del total de los registrados.
El debate del aborto puede ser amplio y cargado de demagogia, para el que siempre se pueden encontrar argumentos a favor y en contra, pero las cifras merecen un respeto y una amplia reflexión 1.900.000 abortos legales registrados desde 1985, de los cuales un millón de casos solo en la última década. No podemos hablar del aborto como, algo intangible, sino como un hecho que convive con nuestra sociedad, a los datos me remito.
Ni si quiera el Partido Popular Europeo, ha defendido el proyecto de Rajoy, optando por no pronunciarse sobre el mismo. Rajoy solo ha encontrado un apoyo en Europa para su reforma del Aborto, el ultraderechista Le Pen, lo cual resulta un hecho bastante significativo.

Una ley como la que ha sugerido el gobierno apenas cubriría el 8% de los abortos que se producen, dejando fuera de la posibilidad de aborto legal a cerca de 100.000 mujeres por año, con el riesgo que esto implica
La legislación actual, aprobada como no podía ser de otra manera por un gobierno socialista; me refiero a la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, recoge la garantía de los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regula las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establece las correspondientes obligaciones de los poderes públicos.
Con ella no se ha disparado el número de abortos, es más, en 2012 se produjeron un 5% menos que el año anterior. Por lo que no se hace necesaria ninguna modificación de la legislación actual, si no es con el claro objetivo de imponer la moral de una minoría y acabar con la libertad de las mujeres a decidir.

En la actualidad se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida lo que implica no sólo reconocer a las mujeres la capacidad de decisión sobre su embarazo, sino también que esa decisión, consciente y responsable, sea respetada.
Para ello, garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y regula unas condiciones que la propia ley dispone que se interpretaran en el modo más favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer que solicita la intervención.
La Ley, que vino a sustituir a una regulación que veinticinco años atrás había supuesto un importante avance en la protección de las mujeres, fue elaborada, debatida y aprobada desde el consenso con la gran mayoría de los grupos políticos con representación parlamentaria, tras el trabajo en sede parlamentaria de una Subcomisión en la Comisión de Igualdad en la que se contó con la participación de una treintena de expertos y considerando las recomendaciones de expertos juristas y profesionales de la bioética y la sanidad. Además, reforzó la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo e incorporó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de los países europeos, incluyendo por el momento España, reconocen el aborto por libre decisión de las mujeres entre 8 y 24 semanas (Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Suecia, etc.) y otros lo permiten por indicaciones tan amplias que en la práctica supone la libre decisión de las mujeres (Inglaterra, Finlandia e Islandia).
De ahí, el revuelo y asombro generado en Europa, por la reforma anunciada desde el Ejecutivo de Rajoy. Esta semana el Parlamento Europeo ha debatido  y mostrado su mayoritario rechazo a un proyecto de Ley del gobierno español, debido a la alarma que ha causado porque, de materializarse, supondría un retroceso sin precedentes en los derechos de la mujeres en uno delos Estados miembros. Porque el Proyecto de Ley del Aborto que Rajoy quiere imponer en España, nos haría retroceder a posiciones preconstitucionales en esta materia, tras derogar la vigente Ley de plazos, aprobada en el año 2010, que es similar a las que existen en el resto de países de la Unión Europea.

Ni si quiera el Partido Popular Europeo, ha defendido el proyecto de Rajoy, optando por no pronunciarse sobre el mismo. Rajoy solo ha encontrado un apoyo en Europa para su reforma del Aborto, el ultraderechista Le Pen, lo cual resulta un hecho bastante significativo.
He sido madre, hace apenas un año y es la experiencia más maravillosa que me ha pasado en la vida. La maternidad es algo extraordinario, el clímax en la vida de una mujer; pero que implica toda una serie de profundos cambios y consecuencias a nivel personal, familiar y laboral que jamás entenderá una comisión de expertos (por muy expertos que sean) compuesta por quince hombres con un solo objetivo, derogar el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad. Esto solo puede concebirse desde de la imposición, el autoritarismo y el machismo, lo que es intolerable.
Beatriz Labián Manrique es Secretaria de Organización del PSOE de Manzanares, Concejal del Grupo Municipal Socialista de Manzanares y Diputada por el PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha