lunes, 27 de septiembre de 2021

El pleno declara causa de incompatibilidad de Alfonso Manuel López-Villalta para el desempeño del cargo de concejal

Por conflicto de intereses ya que el edil del PP ostenta la condición de procurador de los Tribunales en procedimientos contra el propio Ayuntamiento de Manzanares

Según el informe de Secretaría, López-Villalta incumple el artículo 178 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, que establece como incompatibilidad de los concejales la de “los abogados y procuradores que dirijan o representen a partes en procedimientos judiciales o administrativos contra la Corporación

Tras declarar la urgencia del asunto, el pleno del Ayuntamiento de Manzanares ha aprobado este lunes, con los votos a favor del Grupo Socialista y las abstenciones de los grupos del PP y UCIN, que el concejal Alfonso Manuel López-Villalta incurre en causa de incompatibilidad para el desempeño del cargo de concejal al ostentar la condición de procurador de los Tribunales en procedimientos contra el propio consistorio manzanareño.

Por este motivo, y según el informe de legalidad de la Secretaría Municipal, el pleno requiere que, en un plazo de diez días, el citado edil del Grupo Popular opte por la renuncia a la condición de concejal o por el abandono de la situación que ha dado origen a esta incompatibilidad. Entre otros procedimientos en los que ejercía en contra de los intereses del Ayuntamiento de Manzanares, está el que se sigue en el Juzgado de lo Penal de Ciudad Real por los vertidos sin depurar al río Azuer, en el que interviene como procurador del Ayuntamiento de Membrilla.


Según el informe de Secretaría, López-Villalta incumple el artículo 178 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, que establece como incompatibilidad de los concejales la de “los abogados y procuradores que dirijan o representen a partes en procedimientos judiciales o administrativos contra la Corporación”.

El Grupo Socialista entiende que, además de no cumplir la ley, existe conflicto de intereses, por lo que ha pedido, por motivos éticos, la dimisión del edil del PP. Según la portavoz socialista, Laura Carrillo, en el procedimiento judicial que investiga un posible delito contra los recursos naturales y del medio ambiente, por el que el Ayuntamiento de Manzanares ya fue sancionado en 2013 y 2014 por importe superior a 300.000 euros debido a la gestión que hizo el Partido Popular en el gobierno municipal, el Ayuntamiento de Membrilla pretende en todo momento que toda la responsabilidad la asuma el consistorio manzanareño.

Para los socialistas, es inadmisible que el edil del Partido Popular incumpla la ley, cometiendo una clara incompatibilidad al actuar en procesos judiciales en contra del Ayuntamiento de Manzanares, máxime cuando por su condición de concejal tiene acceso a todos los expedientes sobre el asunto. “No es digno se ser concejal y le pedimos la dimisión”, ha señalado durante el pleno la portavoz socialista, Laura Carrillo.

La concejala de UCIN, Pilar Maeso, se ha abstenido alegando falta de tiempo para estudiar el asunto por conocerlo una hora antes del pleno. Al respecto, desde el equipo de gobierno le han recordado que el informe de legalidad es de apenas tres folios y las conclusiones, de ocho renglones.


El Grupo Popular también se ha abstenido. Según su portavoz, Rebeca Sánchez-Maroto, la situación se resolverá en estos diez días y López-Villalta seguirá como concejal. Para los populares, este asunto “es un ejercicio de cinismo” que los socialistas aprovechan para “enmarañar” y hablar de los vertidos. Consideran que, representando en este procedimiento al anterior alcalde de Manzanares, el citado concejal también está defendiendo los intereses del ayuntamiento manzanareño. “Si fuera incompatible, lo hubiera declarado el juez del procedimiento”, ha afirmado Sánchez-Maroto, que considera que los intereses de ambos ayuntamientos “no son contrapuestos”.

Sin la presencia del concejal aludido, que se ha ausentado durante la intervención del alcalde, Julián Nieva ha explicado que son los propios ediles los que tienen el deber de cumplir las normas de incompatibilidad y de poner en conocimiento cualquier posible causa de ésta. “Hay un conflicto de intereses evidente cuando se representa a partes contrapuestas”, ha añadido.

 

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